La mortalidad incidental de mamíferos marinos en artes de pesca pasivas de deriva (redes, trampas, palangres, etc.), se considera como la principal causa de mortalidad de estas especies por actividades humanas. Se estima que alrededor de 500,000 ballenas, delfines y lobos marinos mueren anualmente en aparejos de pesca alrededor del mundo.
A través del Plan de Acción para la Conservación de los Mamíferos Marinos en el Pacífico Sudeste (1991), la Comisión Permanente el Pacífico Sur (CPPS) ha venido realizando actividades relacionadas con la gestión, investigación y fortalecimiento de capacidades para promover la conservación de los mamíferos marinos en la región. Así mismo, los países conscientes de la necesidad de desarrollar estrategias de sostenibilidad de sus pesquerías han venido implementando acciones tendientes a mitigar su impacto sobre especies no objetivo o sin valor comercial.
Por la riqueza de sus aguas, la pesca es una de las principales actividades económicas en los países del Pacífico Sudeste, y la producción va dirigida tanto al consumo nacional como de exportación. Uno de los principales países de destino de los productos pesqueros de la región es Estados Unidos. Con la entrada en vigor la Ley de Protección de Mamíferos Marinos en agosto de 2016, se abrió un espacio de cinco años para que los países que exportan productos pesqueros adopten medidas tendientes a reducir los niveles de mortalidad incidental de mamíferos marinos a los mismos niveles exigidos a las pesquerías de Estado Unidos. La nueva legislación pone en riesgo la libre comercialización de producto pesqueros a ese mercado al final del período de transición establecido, por lo que los países de la región deberán estar preparados ante este nuevo desafío.
Durante 2017 se llevaron a cabo talleres nacionales en Ecuador y Perú para abordar esta problemática, evaluar las posibles implicaciones para las pesquerías que exportan productos pesqueros a Estados Unidos y las posibles alternativas de manejo para reducir los actuales niveles de mortalidad, y definir una hoja de ruta con los actores relevantes clave para evitar potenciales sanciones comerciales y promover la sostenibilidad de las pesquerías.